Este artículo es continuación del publicado ayer, para leerlo has click aquí.

En el artículo anterior se explicaba cómo fue aprobado el padrón de usuarios de telefonía móvil, qué datos tendríamos que proporcionar y cómo estos pudieran ser utilizados indebidamente, poniendo en peligro a los usuarios.

Ya en otras ocasiones ha sucedido que se filtran indebidamente bases de datos de usuarios de distintos servicios o incluso de dependencias gubernamentales. Estos datos se ponen a la venta de manera ilegal para cometer ilícitos; y esto podría ser lo que sucediera en este caso, poniendo en riesgo a todos los usuarios de telefonía móvil.

Otra preocupación es que, al quedar esta información en manos de las autoridades, éstas pudieran utilizar los datos para fines que vayan más allá del combate al delito, como monitorear la actividad de las personas u obtener información de los ciudadanos; una forma de espionaje que vulneraría la privacidad y derechos de los usuarios.

Es por todo esto que muchas personas ya protestan y señalan que no están dispuestos a proporcionar datos que puedan poner en juego su privacidad y seguridad. Se espera también que se interpongan amparos para evitar que esto se aplique, por lo que el tema podría llegar hasta la Suprema Corte.

Lo que ha causado también mucha polémica es que los legisladores de Morena y sus aliados, hoy en el gobierno, se habían opuesto en 2011 a una legislación similar propuesta por el gobierno de Calderón; por lo que parece una gran incongruencia que hoy voten a favor de una ley que exige incluso más datos de las personas que la anterior; ¿por qué aceptar ahora lo que entonces rechazaron? En su momento se dijeron preocupados por la privacidad y derechos de los ciudadanos. ¿Y ahora?