Ante la alarmante ola de violencia que ha sacudido a la región, las autoridades y organizaciones privadas han comenzado a implementar un plan de distribución de ayuda alimentaria en diversas comunidades rurales de Sinaloa. Este contexto se ha visto marcado por seis homicidios y múltiples reportes de personas desaparecidas, lo que ha intensificado la crisis alimentaria en más de 12 localidades.

El sistema DIF, junto con autoridades estatales y municipales, ha puesto en marcha la entrega de despensas en áreas rurales donde la falta de alimentos se ha vuelto crítica. Comunidades como Alta Rosa, Los Mecates, Poterillo de los Landeros y varias localidades en la sindicatura de Zoquititán se encuentran entre las más afectadas.

José Ángel Rivera Soto, presidente del Colegio de Profesionistas de Sinaloa, subrayó que la violencia ha llevado a muchos negocios a cerrar o reducir sus horarios, lo que agrava aún más la crisis económica en la región. En respuesta a esta situación, el sector privado ha solicitado la suspensión temporal del cobro de impuestos para aliviar las cargas financieras.

El gobierno estatal, a través del Banco de Alimentos de Culiacán, ha comenzado la distribución de 500 despensas en la sindicatura de Baila y tiene planes para extender su apoyo a más de cuatro mil familias en otras sindicaturas como Costa Rica, Eldorado, El Salado y San Lorenzo.

Daniel Tapia Sánchez, presidente de un organismo privado, destacó que se están uniendo esfuerzos entre autoridades y donantes para enfrentar el desabasto de víveres. A pesar de estas iniciativas, la situación sigue siendo crítica, con reportes constantes sobre la escasez debido al temor que sienten los proveedores ante posibles agresiones.